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Spanish to English: Difficulties with the private copying levy in Spain General field: Law/Patents
Source text - Spanish El pasado 31 de Diciembre de 2011 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de Diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, por el que se suprime, con efectos a partir del 1 de enero de 2012, el canon por copia privada tal cual estaba establecido hasta ahora, estableciendo dicha norma que el mencionado canon por copia privada se determinará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Así, desde 1 de Enero de 2012, el referido canon por copia privada ya no se aplica a los dispositivos, equipos y soportes susceptibles de realizar copia privadas de obras protegidas por derechos de autor, siendo al final soportado por los adquirentes de tales dispositivos, equipos y soportes, sino que, una vez que se determine reglamentariamente el correspondiente procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el canon lo soportaremos todos los ciudadanos.
Por el momento todavía no se ha determinado la concreta cantidad destinada a cubrir esta nueva partida en los Presupuestos Generales del Estado, si bien el citado Real Decreto-ley establece que para determinar la misma se tomará como base la estimación del perjuicio causado.
Si bien en el momento de conocerse la noticia el pasado 31 de Diciembre de 2011, la industria respiró en cierto modo aliviada, no es menos cierto que en los días posteriores a la supresión del canon, el panorama de incertidumbre alrededor del canon subsiste.
Y es que con anterioridad, sendas sentencias, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, habían dictaminado que no era conforme con la normativa europea la aplicación indiscriminada que del canon por copia privada se venía haciendo en relación con equipos, dispositivos y soportes puestos a disposición de personas diferentes de los particulares (es decir, empresas, profesionales, …) y para fines distintos al uso privado, lo que había generado dudas respecto al modo de poder determinar los importes a pagar en concepto de canon por los fabricantes/importadores y demás sujetos en la cadena, pues no es hasta que el producto es realmente adquirido cuando puede determinarse claramente si ha sido adquirido por persona particular o por una empresa o profesional, mientras en cambio el canon se devengaba en el momento en que fabricantes/importadores transmitían la propiedad del producto en cuestión.
Dichas dudas habían de ser solventadas por la nueva regulación que desde que las referidas sentencias fueron dictadas se imponía como necesaria. Mientras, las prácticas de la industria respecto a la mencionada situación, han sido variadas, y van desde pagar religiosamente el canon, esperando (o mejor dicho, con la esperanza de) una eventual devolución futura, respecto a los importes relativos a productos no adquiridos finalmente por usuarios privados para uso privado, a declarar a las entidades de gestión el canon de dichos productos que presumiblemente serían adquiridos por empresas/profesionales, pero sin proceder a su pago, ante el riesgo de no poder recuperarlo en el futuro.
La esperada nueva regulación, lejos de traer luz respecto a la situación puesta de manifiesto por las citadas sentencias, opta por una vía totalmente al margen y en cierto modo inesperada: suprime la compensación equitativa (canon) por copia privada tal cual estaba establecida en el artículo 25 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y prevé que el procedimiento de pago de dicha compensación se establezca con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las sombras y las dudas respecto a los importes relativos a los equipos, dispositivos y soportes comercializados y finalmente adquiridos por personas distintas de usuarios privados, al menos desde la fecha de la Sentencia del Tribunal de Justicia (sino antes) y hasta 31 de Diciembre de 2011 siguen siendo alargadas.
Pero la modificación legal operada respecto al canon por copia privada aun provoca un último coletazo en el sistema de recaudación del canon vigente hasta 31 de Diciembre de 2011, generando otra situación de incertidumbre: ¿qué sucede con el canon relativo a aquellos productos vendidos durante el último trimestre por los fabricantes e importadores, y puestos por tanto en la cadena de distribución, pero que los operadores (mayoristas, minoristas…) tenían en stock a 31 de Diciembre de 2011 y que en consecuencia nunca fueron adquiridos por usuario final alguno antes de la supresión del canon?
De acuerdo con la modificación legal realizada mediante el Real Decreto-ley 20/2011, desde 1 de Enero de 2012 dichos productos no podrán ser vendidos aplicándoles canon por copia privada. Se abre así un nuevo interrogante:
¿Deben los operadores soportar un canon (y las entidades de gestión percibir) que de acuerdo con la modificación legal operada nunca podrá ser repercutido al consumidor final, cuando es éste quien en realidad es el sujeto que puede realizar las copias privadas a que se refiere la Ley y por las que se ha previsto dicho mecanismo de compensación a los titulares de derechos?
Las respuestas, así como las opciones adoptadas por los diferentes actores en la cadena de distribución están siendo de todos los tipos: desde las más cautas, optando por declarar y liquidar a las entidades de gestión dichos importes, ante la posibilidad de que dichas entidades intenten su posterior reclamación en caso de que no les fuesen liquidados, hasta las más directas y en cierto modo arriesgadas (aunque es discutible que comporten tanto riesgo), optando por no liquidar dichos importes y devolverlos a los operadores de la cadena que los habían pagado.
Como es deber, el canon por copia privada sigue estando vivo después de muerto, y todo parece apuntar que con la nueva regulación determinando dicho canon con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el mismo aun dará que hablar.
Translation - English On December 31, 2011 the Royal Decree-Law 20/2011, of December 30, concerning urgent budget, tax and financial measures for the reduction of the public deficit was published in the BOE (Official State Bulletin). In this decree-law the private copying levy was abolished from January 1, 2012, with the levy henceforth to be deducted from the National State Budget.
Thus, since January 1, 2012 the private copying levy paid for by the purchasers of all equipment, appliances and recordable media which have the capacity to make copies of copyright protected works, will no longer be imposed. Instead once the payment procedure from the National State Budget has been determined, all Spanish citizens will pay the levy.
The specific amount to be deducted from the National State Budget destined to cover this new expense has still not been determined although the Royal decree-law states that it will be based on an estimation of the economic losses incurred.
Although the industry breathed a sigh of relief when the announcement was published on December 31, 2011, the fact remains that the landscape of uncertainty concerning the levy continues.
Earlier rulings by the European Court of Justice and the Barcelona Provincial Court, Section 15, had determined that the indiscriminate application of the levy did not conform to European rules. This was because the private copying levy on equipment, devices and recordable media had been applied to companies and professionals rather than private individuals who have a different final use than private use. This had raised doubts as to how to determine the amount of levy that manufacturers, importers and others in the chain should pay, as it is not until the product is purchased that it can be clearly determined whether a private user, a company or a professional purchased it, whereas the levy was payable as soon as the manufacturer or importer transferred the ownership of the product in question.
These uncertainties were to be resolved by the new regulation, becoming necessary since these rulings were made. The industry practices concerning the levy were variable, going from paying it religiously and waiting for (or rather hoping for), an eventual reimbursement of the levy on products not purchased by private users for private use, to declaring products that presumably would be purchased by companies or professionals to the royalty collecting societies but without paying the levy, facing the risk of not being able to recover it later.
The new regulation, far from shedding light on the situation highlighted by the aforementioned rulings, opts for a totally novel and, to a degree, unexpected route: to abolish the fair compensation (levy) for private copies as was contained in Article 25 of the consolidated text of the Intellectual Property Act and envisages compensation payments made from the National State Budget. Doubts linger about the amounts payable in relation to the equipment and recordable media on sale and purchased by people other than private individuals, at least since the date of European Court of Justice ruling and until December 31, 2011.
However the regulatory changes to the private coping levy still has a sting in the tail on the levy collection system in force until the December 31, 2011, causing another uncertain situation: what is the position regarding products that manufacturers and importers sold during the last three months of 2011 and therefore were in the distribution chain but which the industry (wholesalers and retailers etc.) had in stock on December 31, 2011 and so had not been purchased by the end-user before the abolition of the levy?
According to the regulation change by Royal decree-law 20/2011, as from January 1, 2012 the relevant products cannot be sold under application of the private copying levy. This poses a new question:
Should the wholesalers, retailers etc. endure a levy (and the collecting societies receive it), which, according to the modified regulations cannot ever be passed on to the end consumer, who in reality, is the one who makes the private copies referred to in the Act and because of which the compensation payments system to the copyright holders was planned?
The answers, as well as the choices made by the various players in the distribution process, are varied: from the most cautious: choosing to declare and pay the due amounts to the royalty collecting societies, faced with the possibility of these societies possibly trying to claim later if they are not paid, to the most direct, and in a certain way, risky (although it is arguable that this carries so much risk): choosing not to pay the due amount and reimburse the party in the chain that paid for it.
As can be seen, the private copying levy is still alive and everything seems to indicate that with the new regulation determining that these royalties will be paid from the National Budget, the matter will carry on being debated.
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Years of experience: 8. Registered at ProZ.com: Dec 2015.
I'm from London and I live in Santiago de Compostela. I've been living in Spain for 10 years, firstly in Barcelona and then in Galicia.
I've been a freelance translator and English teacher for eight years. In the UK I worked in the insurance industry for 20 years.
I specialize in business and legal translations. I have sat the Chartered Institute of Linguists' Diploma in Translation exam and successfully passed the business translation and legal translation units.
I have carried out a translation of a published study for the University of Santiago, a funding proposal for Granada Football Club and articles and legal documents of SNAbogados in Barcelona.
Soy de Londres y llevo 10 años viviendo en España, primero en Barcelona y actualmente en Santiago de Compostela. Llevo ocho años trabajando como traductor freelance y profesor de inglés. En Reino Unido trabajé durante 20 años en la sector de seguros.
Estoy especializado en las áreas de traducciones comerciales y jurídicas. Durante mi experiencia profesional he realizado traducciones de español / gallego a inglés.
He realizado el examen oficial del Diploma de Traducción del Chartered Institute of Linguists y he aprobado las unidades de traducción de un texto comercial y jurídica.
Entre mis traducciones se encuentran un estudio publicado para la Universidad de Santiago, un propuesta de financiación para Granada Club de Fútbol, y artículos y documentos legales para SNAbogados en Barcelona. También he realizado traducciones de currículums, paginas web, una tesis científica, correspondencia comercial etc.
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